El país se enfrenta a un recrudecimiento sostenido de violencia. En general, hay consenso frente a los problemas, pero este desaparece cuando se tratan de plantear las soluciones. En este artículo se delinean algunas ideas de la hoja de ruta que presenta Colombia Progresa 2630.
Jorge Restrepo, director del CERAC
Matías Troconis, periodista
Aunque hay un consenso amplio alrededor de que Colombia enfrenta enormes desafíos de política en materia de seguridad, de que esta es la principal preocupación de los votantes y que el próximo gobierno tendrá su mayor desafío en esta materia, al avanzar un diagnóstico que permita hacer propuestas de política pública de seguridad, desaparece buena parte de ese consenso frente a qué soluciones son las más efectivas.
Durante el último año en CERAC, como parte de la iniciativa 2630, adelantamos un ejercicio sistemático para comprender los principales problemas de seguridad en Colombia con base en las tendencias más recientes de violencia y criminalidad, con el propósito de aislar los problemas más recurrentes y diseñar soluciones de implementación inmediata.
En nuestro análisis comparamos los diagnósticos y problemáticas señalados por 41 aspirantes a la Presidencia y expertos en seguridad, con la evidencia cuantitativa disponible. Encontramos algunas coincidencias entre diagnósticos políticos y evidencia empírica: el resultado es un panorama de las fallas estructurales de la prestación de los servicios de seguridad y justicia.
Los cinco problemas principales
El diagnóstico arroja cinco hallazgos principales. En primer lugar, el país no ha logrado reducir la tasa de homicidios de forma significativa: alcanzó 27 por cada 100.000 habitantes en 2024, según el registro de estadísticas vitales del DANE, lo que deja a Colombia como el segundo país con más homicidios de las Américas. El desafío no es sólo reducir la violencia, sino que se estabilizó en niveles inaceptables: 14 mil homicidios al año.
Recientemente, el Ministerio de Defensa informó que más del 70% de los homicidios registrados están asociados al crimen organizado. La congestión de la justicia –resultado de esta alta violencia como instrumento del crimen– es reforzada por una impunidad superior al 80%, lo que, a su vez, incentiva y normaliza los crímenes violentos.
En segundo lugar, el secuestro extorsivo casi se ha triplicado desde el año 2020, mientras que la extorsión –un crimen caracterizado por su subregistro– pasó de 8.000 casos por año en 2020 a más de 13.000 en 2024. Estas prácticas criminales han cambiado significativamente. La mayoría de los casos de secuestro son de corta duración y están ligados a la extorsión. La extorsión, por su parte, se volvió continuada, repetida y se tecnificó, tanto en los medios para su pago, como en el uso de call-centers desde las cárceles. En zonas rurales y centros urbanos se combina con esquemas de “protección” de la propia violencia de las organizaciones criminales.
En cuarto lugar, el terrorismo ha mostrado una trayectoria ascendente, con un incremento del 52% entre 2022 y 2024 y un 7% adicional en lo corrido de 2025. La convergencia entre violencia política y crimen organizado –patente en el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, entre otros– ha reactivado el riesgo terrorista.
Finalmente, el conflicto armado se caracteriza hoy por una expansión lenta pero sostenida de grupos ilegales, y un aumento de las disputas entre grupos armados con una menor proporción de enfrentamientos contra el Estado. También se evidencia un aumento en el reclutamiento de menores y un crecimiento de las víctimas civiles en el último año, que alcanza al 13% de víctimas, con un fuerte aumento del confinamiento y el desplazamiento forzado.
Un aparte especial merece la violencia intrafamiliar y el feminicidio, que muestran también un deterioro significativo y sostenido, alcanzando máximos históricos, aunque no aparecen en el radar de casi ningún diagnóstico.
Estas cifras —catorce mil homicidios anuales, 49% de aumento en secuestros solo entre enero y mayo del 2024, más del doble de casos de extorsión registrados con 13.802 denuncias en el último año, 52% de incremento en acciones terroristas y un 60% más de muertes por violencia del conflicto desde 2024— muestran que la violencia en Colombia se ha intensificado y diversificado más rápido de lo que responde el Estado.
Las razones detrás de las cifras
El análisis de las problemáticas recurrentes confirma que la ausencia de las instituciones estatales de provisión de seguridad y justicia y la limitada capacidad de respuesta rápida son percibidas como las principales causas de inseguridad en el país. A ello se suman el atraso tecnológico, la falta de capacidades y debilidad operativa en defensa, y la lentitud e ineficacia judicial en materia criminal, con una consecuente impunidad acumulada.
Como factores de agravamiento aparecen la politización de la violencia, la falta de continuidad –e incluso la reversión– en las políticas gubernamentales en materia de seguridad y la descoordinación ministerial. No podemos dejar de mencionar lo que es el sustrato para muchos en el consenso mencionado: las economías ilegales, como la producción y tráfico de narcóticos, la minería criminal, el contrabando y el lavado de activos, que sostienen a los grupos armados y bloquean el desarrollo regional.
Frente a este panorama, el trabajo de recopilación y contraste de fuentes permitió identificar cinco propuestas clave.
La primera consiste en responder a las demandas de control territorial mediante la presencia de instituciones estatales, oferta de justicia penal y una mayor y más eficaz respuesta de la Fuerza Pública.
La segunda es el fortalecimiento de capacidades de la Fuerza Pública con mayor respaldo inter-institucional y dotación tecnológica innovadora que disminuya los costos de la prestación del servicio.
En tercer lugar, se plantea una reforma de la justicia penal que reduzca la impunidad mediante mayor eficacia investigativa, la tipificación de la pertenencia a organizaciones criminales y la eliminación o reforma del delito político.
La cuarta propuesta es cortar las fuentes de financiamiento criminal, combatiendo el narcotráfico, la extorsión y el contrabando de forma integrada. En línea con esta reforma, se debe profundizar la cooperación judicial internacional y un control fronterizo más estricto.
Finalmente, se propone innovar en inteligencia y tecnología con el uso de nuevas tecnologías aéreas y terrestres, información remota, inteligencia artificial y análisis de datos, para anticipar amenazas y focalizar las respuestas del Estado.
En conclusión, el país se enfrenta a un recrudecimiento sostenido de violencia, impunidad y debilidad institucional, en el que la Fuerza Pública carece de capacidades modernas mientras las técnicas y tecnologías de los grupos armados se diversifican. El reto inmediato es convertir estas propuestas en una agenda de Estado que devuelva a las fuerzas militares la capacidad efectiva de proteger a la ciudadanía y prestar un servicio de seguridad suficiente.
Destacado
La ausencia de las instituciones estatales de provisión de seguridad y justicia y la limitada capacidad de respuesta rápida son percibidas como las principales causas de inseguridad en el país.
