Colombia Progresa 2630 impulsa propuestas regulatorias concretas que, en últimas, son herramientas estratégicas para la competitividad del país y el fortalecimiento de sus instituciones.
Por Andrés Caro
Director de la Fundación para el Estado de Derecho
La alianza Colombia Progresa 2630 nace de la unión de seis centros de pensamiento (ANIF, CERAC, CREE, Fundación para el Estado de Derecho, Así Vamos en Salud y el CPC), comprometidos con el objetivo de simplificar, depurar y modernizar el marco normativo colombiano para así fomentar la productividad del país en el marco del respeto por la Constitución de 1991 y del Estado de Derecho. Con propuestas regulatorias concretas, viables y estratégicas, esta iniciativa busca incidir en los planes de gobierno y en el debate electoral del periodo 2026-2030.
Formular iniciativas regulatorias no es un trámite técnico; se trata de una herramienta institucional valiosa y efectiva. Implica identificar normas que, aunque quizás se ajustaron a las necesidades del momento en el que fueron creadas, hoy generan costos desproporcionados, contradicciones jurídicas, zonas grises o duplicidades que disminuyen la efectividad del Estado, la competitividad empresarial y la calidad de vida de los ciudadanos.
Esta metodología de depuración normativa, respaldada por la Ley 2085 de 2021 y los lineamientos del Ministerio de Justicia y del Derecho, nos permite avanzar hacia un ordenamiento jurídico más claro, coherente y funcional. Proponer ajustes, reformas o derogatorias de las normas existentes no debilita el papel del Estado. Por el contrario, lo fortalece con reglas más simples, claras y adaptadas a los problemas del presente y a los desafíos del futuro.
En la Fundación para el Estado de Derecho, hemos identificado cinco dimensiones y principios clave en los que se ve el efecto positivo del ejercicio técnico y participativo de formular propuestas regulatorias:
- Seguridad jurídica y legalidad: un marco normativo regulatorio y actualizado genera confianza entre los ciudadanos, los inversionistas y los agentes económicos, pues aporta estabilidad y reglas claras para la toma de decisiones.
- Eficiencia y fortalecimiento institucional: la depuración normativa libera capacidad administrativa, lo que permite que las instituciones o entidades públicas se concentren en sus funciones misionales y de mayor impacto.
- Legitimidad y participación democrática: al abrir espacios para que diversos actores propongan ajustes, se fortalece la construcción democrática y se asegura que las reformas respondan a la realidad de los distintos sectores implicados.
- Competitividad y productividad: la simplificación normativa reduce los obstáculos administrativos, elimina los trámites innecesarios, agiliza los procesos y crea las condiciones favorables para la inversión, el emprendimiento y la innovación.
- Modernización regulatoria: en respuesta a la transformación tecnológica, los cambios en el comercio internacional y los retos de sostenibilidad, se requiere un marco regulatorio ágil, dinámico y preparado para anticipar escenarios futuros.
La alianza Colombia Progresa 2630 es entonces una plataforma técnica para impulsar propuestas regulatorias alineadas con el desarrollo productivo y el fortalecimiento institucional. Formular estas propuestas no es solo una tarea normativa, sino que implica ejercer la ciudadanía de una manera técnica e informada. Se trata de convertir el marco jurídico en una herramienta estratégica que promueva la productividad, fortalezca la confianza y habilite las condiciones para el progreso.
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Proponer ajustes, reformas o derogatorias de las normas existentes no debilita el papel del Estado. Por el contrario, lo fortalece con reglas más simples, claras y adaptadas a los problemas del presente y a los desafíos del futuro
