Colombia debe trabajar por un sistema financiero más inclusivo y un mercado de capitales más profundo. Solo así, podrá transformar el ahorro en desarrollo sostenible, productividad e igualdad de oportunidades.
José Ignacio López
Presidente del centro de estudios económicos ANIF
En un entorno global marcado por la transformación digital, la innovación tecnológica y la urgencia de construir economías más sostenibles, la inclusión financiera y la profundización del mercado de capitales se consolidan como pilares del crecimiento económico de Colombia.
En el marco de la iniciativa Colombia Progresa 2630, ANIF lidera el capítulo del sistema financiero con el propósito de proponer soluciones que fortalezcan un ecosistema dinámico, inclusivo y competitivo, impulsado por la innovación y la digitalización. El objetivo es avanzar hacia un mercado de capitales más profundo y diversificado, que promueva el ahorro, amplíe las opciones de financiamiento y contribuya al desarrollo empresarial.
A pesar de los avances, el sistema financiero aún presenta brechas estructurales entre el acceso formal y el uso efectivo de los productos, así como una participación limitada de emisores e inversionistas en el mercado de valores. En inclusión financiera, aunque para 2024 el 96% de los adultos en Colombia tenía al menos un producto de depósito, el reto es promover un uso más activo y sostenido, especialmente en las zonas rurales, donde solo el 53,4% utiliza productos financieros, frente al 89,3% en áreas urbanas.
En el mercado de capitales persisten desafíos de liquidez, diversidad y profundidad, con una oferta concentrada en grandes emisores e instrumentos tradicionales, y con baja participación de inversionistas pequeños. A pesar de los esfuerzos conjuntos del Gobierno y el sector privado, el sistema requiere mayor innovación, competencia y transparencia.
Ante este panorama, se propone una hoja de ruta integral con medidas de corto, mediano y largo plazo, acompañadas de ajustes normativos e indicadores de seguimiento y evaluación.
Inclusión e innovación financiera y digitalización
El acceso al crédito formal sigue siendo un desafío central: en 2024 solo el 35,5% de los mayores de edad contaba con un producto crediticio activo. Si se incluyen los créditos del sector no financiero formal, como los ofrecidos por Fintech y empresas del sector real, la cifra apenas alcanza el 50,5%[1].
Esta brecha se explica, entre otras razones, por la relación entre la tasa de usura y el aumento del crédito informal, especialmente entre los hogares de menores ingresos, que suelen quedar excluidos del sistema formal por su perfil de riesgo. Se propone revisar la metodología de cálculo de dicha tasa, diferenciando por tipo de crédito y estableciendo reglas claras que limiten la discrecionalidad del Gobierno, con mecanismos de transición ante eventuales ajustes.
También se recomienda fortalecer los modelos de evaluación crediticia mediante el uso de datos alternativos, provenientes de sectores como telecomunicaciones, servicios públicos y entidades estatales. La ausencia de historial crediticio es una de las principales barreras para las micro y pequeñas empresas; por eso, integrar esta información en los hubs de innovación y en el sandbox regulatorio puede ampliar de forma sostenible la inclusión financiera.
En cuanto a educación y fortalecimiento de capacidades, se sugiere actualizar el Conpes 4005 de 2020 para establecer un nuevo plan de acción que promueva programas de mentoría y formación práctica, especialmente dirigidos a jóvenes, mujeres rurales, personas mayores y microempresarios. Además, se requiere fortalecer la gobernanza institucional, evaluando el funcionamiento y resultados de la Comisión Intersectorial para la Inclusión y Educación Económica y Financiera garantizando una articulación más efectiva y evaluaciones periódicas de impacto.
Dentro del componente de educación financiera, se requiere incorporar de manera explícita la dimensión de salud y bienestar financiero. Este enfoque permite que las personas y las MiPymes desarrollen capacidades para planificar, manejar imprevistos y tomar decisiones informadas que impulsen su productividad y estabilidad económica. De esta forma, la educación financiera trasciende el aprendizaje teórico y se convierte en una herramienta práctica para mejorar la resiliencia y el crecimiento sostenible.
En materia de open finance y datos abiertos, Colombia cuenta con un marco regulatorio avanzado (Ley 1266 de 2008, Ley 1581 de 2012, Decreto 1297 de 2022 y las disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo). Sin embargo, se necesita un esquema de gobernanza integral que incluya tanto a actores vigilados como no vigilados por la Superintendencia Financiera, para asegurar interoperabilidad, seguridad y condiciones competitivas equitativas.
Finalmente, reducir el uso del efectivo sigue siendo un reto prioritario: más del 75% de las transacciones aún se realizan en efectivo. El programa de pagos inmediatos Bre-B del Banco de la República es un avance relevante, pero es necesario seguir impulsando los pagos digitales interoperables, eliminar barreras como el Gravamen a los Movimientos Financieros (4×1000) y fortalecer la infraestructura digital y energética en zonas rurales.
Profundización del mercado de capitales
Un mercado de capitales profundo y líquido es esencial para canalizar el ahorro hacia la inversión productiva, fomentar la innovación y generar empleo. Para ello, se propone fortalecer la interoperabilidad entre las bolsas de Chile, Perú y Colombia, ampliando la integración regional y la visibilidad internacional del mercado.
Asimismo, se deben diversificar los instrumentos financieros, impulsando bonos verdes, sociales y sostenibles, fondos de inversión colectiva y vehículos regionales destinados a proyectos de infraestructura y transición energética. Esto permitirá movilizar capital hacia proyectos estratégicos de largo plazo y recuperar la capacidad del país para emprender obras de gran impacto económico y social.
Otro frente clave es la ampliación de emisores e inversionistas. Se sugiere revisar y simplificar la normatividad bajo competencia de la Superintendencia Financiera, la URF y el AMV, habilitando la participación de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) como emisores y creando un régimen diferenciado para PYMES. Además, se requiere fortalecer el Segundo Mercado, facilitando el acceso de empresas medianas y pequeñas a nuevas fuentes de financiamiento.
Finalmente, se deben complementar los avances normativos del Decreto 1239 de 2024 con esquemas que amplíen el uso de licencias modulares y permitan el licenciamiento independiente, así como regular la actuación de nuevos actores —como los finfluencers— para fomentar transparencia y profesionalización en el mercado.
El fortalecimiento de la inclusión financiera y del mercado de capitales requiere una agenda integral que combine innovación tecnológica, reformas regulatorias y coordinación público-privada. Solo a través de un sistema financiero más inclusivo y un mercado de capitales más profundo, Colombia podrá transformar el ahorro en desarrollo sostenible, productividad e igualdad de oportunidades.
Destacado
El fortalecimiento de la inclusión financiera y del mercado de capitales requiere una agenda integral que combine innovación tecnológica, reformas regulatorias y coordinación público-privada.
Reporte de Inclusión Financiera 2024. Superintendencia Financiera de Colombia y Banca de las Oportunidades con Datos de TransUnion y DANE. Publicado en mayo de 2025.
