El país necesita replantear sus normas agrarias y consolidar un marco estable y coherente, capaz de ofrecer confianza a los productores, a las comunidades y a los inversionistas.
Por Lorena Garnica
Investigadora de la Fundación para el Estado de Derecho – FEDe
Durante décadas, la regulación agraria en Colombia se ha construido sobre una visión que concibe la tierra como un fin en sí mismo. Esa concepción, heredera de un contexto histórico marcado por la necesidad de frenar la concentración y evitar el despojo, terminó convirtiéndose en un eje rígido del derecho agrario. El problema es que hoy esa visión es insuficiente para responder a los retos de un país que necesita dinamizar el sector rural y, al mismo tiempo, garantizar que los beneficios de la producción lleguen a las comunidades.
La Unidad Agrícola Familiar (UAF) nació como herramienta de justicia distributiva y de racionalización del uso del suelo, pero en muchos casos se ha transformado en un límite artificial que no corresponde a la realidad productiva. Pretender que un proyecto agrícola, forestal o agroindustrial se ajuste a ese marco, sin considerar las escalas que exige la economía global, produce el efecto contrario al buscado: desincentiva la inversión, obstaculiza la generación de empleo y reduce la competitividad del campo colombiano.
Hoy contamos con recursos técnicos y tecnológicos que permiten un abordaje mucho más sofisticado del ordenamiento de la tierra. Los sistemas de información geográfica, la interoperabilidad de catastro y registro, la trazabilidad ambiental y las plataformas de big data nos ofrecen herramientas para evaluar con precisión las condiciones de cada predio y definir qué tipo de proyectos son sostenibles en el tiempo. Insistir en parámetros que desconocen esa realidad es renunciar a la posibilidad de aprovechar la innovación para mejorar la productividad rural y garantizar la sostenibilidad ambiental.
La pregunta de fondo es si queremos que el derecho siga siendo un obstáculo o si, por el contrario, queremos que habilite el desarrollo. Replantear normas que fueron útiles en el pasado, pero hoy son rígidas, no significa desmontar las garantías sociales ni desconocer la función social y ecológica de la propiedad. Al contrario, se trata de asegurar que esas garantías se materialicen en un entorno rural capaz de atraer inversión responsable, crear empleo digno y generar bienestar para las comunidades locales.
La experiencia internacional muestra que los países que han logrado avanzar en la modernización de su sector agrario lo han hecho flexibilizando su marco normativo. No se trata de abrir la puerta al acaparamiento indiscriminado, sino de diseñar mecanismos que permitan superar límites arbitrarios y responder a la demanda de proyectos diversos del mundo contemporáneo. Desde energías renovables hasta mercados de carbono, pasando por agroindustrias de escala intermedia, Colombia necesita un régimen agrario que reconozca la pluralidad de modelos de producción y la complejidad de los desafíos climáticos y económicos.
Flexibilizar el mercado de tierras tampoco significa dejarlo librado a la especulación. Por el contrario, implica diseñar reglas claras para la circulación de la propiedad, crear instrumentos que faciliten la asociatividad y garantizar que el acceso no se traduzca en exclusión de las comunidades rurales. La clave está en entender que la tierra no es solo un bien en sí mismo, sino un factor productivo cuya adecuada gestión puede contribuir al desarrollo sostenible.
El país atraviesa una coyuntura en la que la seguridad jurídica y la previsibilidad normativa son esenciales. Las modificaciones constantes en materia de ordenamiento territorial, los conflictos de competencias entre entidades y la dispersión normativa generan incertidumbre para quienes quieren invertir en el campo. Replantear las normas agrarias implica también consolidar un marco estable y coherente, capaz de ofrecer confianza a los productores, a las comunidades y a los inversionistas.
No podemos seguir abordando la regulación rural desde los paradigmas del siglo pasado. La combinación de nuevas tecnologías, mercados globales y realidades sociales nos obliga a actualizar el marco normativo con una mirada pragmática, flexible y orientada al futuro. Repensar la UAF, habilitar proyectos de escala diversa y facilitar un mercado de tierras transparente y dinámico no es una opción, es una necesidad.
Colombia tiene en sus manos la oportunidad de transformar su derecho agrario en un instrumento de desarrollo sostenible. Para ello se requiere valentía política, creatividad jurídica y un compromiso genuino con el bienestar de las comunidades rurales. No se trata de proteger la tierra como un ícono inmóvil, sino de ponerla al servicio de un país que busca equidad, productividad y sostenibilidad.
Destacados
Replantear normas que fueron útiles en el pasado, pero hoy son rígidas, no significa desmontar las garantías sociales ni desconocer la función social y ecológica de la propiedad.
