El próximo presidente de Colombia recibirá un sector en alerta roja. Fragilidad en el abastecimiento, riesgo de un apagón financiero y debilidad institucional ponen en riesgo la estabilidad económica del país y la transición energética.
Tomás González
Director de Centro Regional de Estudios de Energía – CREE
El sector energético está en crisis. Desde las reformas de los años noventa, que nacieron tras el racionamiento de 1991, el país no había estado en tantas dificultades. El sistema que produce y transporta la energía que necesitan los demás sectores para crecer y generar empleo, enfrenta hoy una triple crisis: una de abastecimiento, una financiera y una institucional, que se refuerzan entre sí y que, si no se corrigen con urgencia, pondrán en riesgo la estabilidad económica y la transición energética que el país proclama.
La primera crisis, la de abastecimiento, es quizá la más visible. No tenemos la certeza sobre cómo se expandirá la oferta en electricidad para evitar problemas de suministro hacia finales de 2028. El propio XM, operador del sistema, advierte que no en todos los escenarios de hidrología contaríamos con la generación suficiente para atender la demanda. De ahí la urgencia de que la próxima subasta, prevista para el primer trimestre de 2026, sea exitosa y consiga la totalidad de la energía requerida, a diferencia de la de febrero del año pasado que consiguió sólo la mitad.
Pero aún con una subasta exitosa, el propio XM advierte que garantizar la atención de la demanda requiere que entren a tiempo los proyectos que se están desarrollando y que son principalmente solares, y que seamos capaces de tener la suficiente generación térmica durante los próximos inviernos eléctricos (época de mayores lluvias) para que los embalses lleguen lo suficientemente altos para soportar los meses de menor hidrología.
El problema es que desde 2020 apenas ha ingresado una cuarta parte de la capacidad programada, y en transmisión los retrasos promedio superan los cuatro años y medio. Las señales de inversión se han afectado también con cambios regulatorios que distorsionan el adecuado funcionamiento del mercado, con amenazas al sector privado y con procesos demorados de licenciamiento ambiental que han causado que sólo una cuarta parte del tiempo total de un proyecto se dedique a la construcción. Un evento de El Niño severo en 2028 podría despertar los fantasmas del racionamiento.
En gas natural, el panorama no es más alentador. Colombia perdió la autosuficiencia para atender la demanda no térmica desde el año pasado y, en el mejor de los casos, dependerá crecientemente del gas importado durante el resto de la década actual. Los proyectos offshore en el Caribe, que serían los que reviertan esta situación, no tienen fecha de entrada cierta y sus procesos de licenciamiento son todavía problemáticos.
Lo mismo ocurre con los proyectos de importación: existen varios en papel, pero sin fechas ni cantidades suficientemente claras. El propio Gestor del Mercado, que hace seguimiento a la operación del mercado, señala que a partir del próximo año la demanda esencial y la industria tendrían un déficit del 30% frente a la demanda media que proyecta el Gobierno. Con el agravante que el gas importado tiene precios promedio que son cerca de 2.5 veces más altos que el promedio de los últimos años. Pasamos de un mundo de gas barato y abundante a uno de gas caro e incierto.
A la fragilidad física se suma la crisis financiera. El sector público debe casi $6 billones a las empresas comercializadoras de energía. Es una deuda que se arrastra desde la opción tarifaria y los subsidios insuficientemente financiados, y que ha creado una vulnerabilidad que amenaza la liquidez del sistema. Cada peso que no se paga es un peso que no llega a los generadores ni al mantenimiento y expansión en redes, y por esta vía a sus proveedores que a su vez tiene otros proveedores. El gremio de las empresas distribuidoras y comercializadoras de energía estima que la deuda equivale a dos años de ingresos por comercialización.
El caso de Aire ilustra el problema. La empresa intervenida acumula deudas superiores a $2,2 billones, mientras su recaudo se deteriora y las pérdidas aumentan. Ya vimos esa película con Electricaribe, cuya intervención costó $12 billones y dejó un legado de pérdidas y subinversión. Hoy, Afinia y Aire invierten menos de la mitad de lo esperado según su nivel de ventas, con el agravante de que la decisión del Gobierno de impedir que se pueda limitar el suministro a las empresas como Aire que no paguen la energía, traslada el riesgo del último eslabón a toda la cadena. Estamos ante un riesgo sistémico que nos puede llevar a un apagón financiero.
La tercera crisis, la institucional, es la más silenciosa, pero quizá la más grave desde el punto de vista estructural. La piedra angular de un sector regulado como el energético depende de reglas técnicas, independientes y predecibles. Durante tres décadas, la CREG fue ese pilar que permitió la expansión del sistema, los aumentos en cobertura y los avances en confiabilidad que hicieron del sistema colombiano un referente internacional. En los últimos tres años ese diseño se rompió. Nunca se nombraron todos los comisionados, se designaron funcionarios subalternos en cargos que exigen independencia, y se ignoró la lógica de pesos y contrapesos que inspiró la creación del regulador para que operara con una lógica similar a la del Banco de la República.
El resultado ha sido una enorme pérdida de confianza en los inversionistas a partir de amenazas del Gobierno, señales contradictorias sobre precios y decisiones cargadas de ideología más que de evidencia. La CREG, que durante años fue símbolo de solidez institucional, mostró su vulnerabilidad a la política. Y cuando la técnica se somete a las pasiones del gobierno de turno la inversión se detiene, la confianza se erosiona y la incertidumbre se apodera de las decisiones de los agentes.
Sin importar su color político, el próximo presidente recibirá un sector en alerta roja. Deberá enfrentar simultáneamente las tres crisis si quiere que la energía asegure su papel de motor del desarrollo. Los modelos del CREE muestran el tamaño del desafío: habrá que multiplicar varias veces la capacidad de generación, expandir 10.000 kilómetros de redes de transmisión en adición a los planes en curso, asegurar gas suficiente para la transición, electrificar la economía, sanear las finanzas y cerrar las brechas de acceso que aún tienen condenados al subdesarrollo a más de 4 millones de colombianos.
Las inversiones necesarias para lograrlo superan los US$65 mil millones. Pretender que el Estado pueda asumirlo solo es una peligrosa ilusión. La salida pasa por recuperar la confianza del sector privado, pagar las deudas acumuladas y restablecer un marco regulatorio estable. Esas son las bases de las propuestas de solución que está construyendo el CREE y que son la condición necesaria para recuperar el sistema. Ignorar esta realidad sólo agravará las crisis, hará que los proyectos no entren a tiempo, la transición seguirá quedándose en discurso y los costos, como siempre, los pagarán desproporcionadamente los más vulnerables. El 2026 es el momento en que las decisiones técnicas deben recuperar el lugar que la política les arrebató.
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Recuperar la confianza del sector privado, pagar las deudas acumuladas y restablecer un marco regulatorio estable son las bases de las propuestas de solución que está construyendo el CREE.
