Para construir un entorno que fomente la inversión, la innovación y la formalización se necesita un Estado más ágil, coordinado y transparente, capaz de generar confianza en el sector productivo y en la ciudadanía.
Por Ana Fernanda Maiguashka
Presidente del Consejo Privado de Competitividad – CPC
Dentro de la iniciativa Colombia Progresa 2630, el capítulo de Entorno Competitivo de los Negocios es liderado por el Consejo Privado de Competitividad (CPC). Este proyecto constituye un esfuerzo colectivo orientado a identificar las principales barreras regulatorias y proponer soluciones que nos permitan destrabar el impulso productivo de la economía.
La filosofía que guía la propuesta busca intentar cambiar la dinámica regulatoria presente que tiene altos niveles de exigencia para el proceso de licenciamiento inicial de proyectos, productos, procesos y empresas, y lograr que permitamos un mayor flujo de ideas que sean luego revisadas a la luz de sus resultados.
Hoy día una parte importante del control se da antes de que nazcan los productos o proyectos, limitando la capacidad de innovación de la sociedad y con poco control ex post que nos permita afirmar que en efecto se está tutelando algún tipo de protección. Este sesgo a “pedir permiso” en lugar de “pedir perdón” genera incentivos culturales en contra de la creación, favorece la falta de una competencia dinámica e incrementa los costos del fracaso. Todo lo anterior genera impactos sobre nuestra capacidad de crecer e innovar.
La propuesta busca transitar hacia un modelo regulatorio más moderno y eficiente, en el que los requisitos iniciales no constituyan barreras de entrada innecesarias y en el que la vigilancia se base en trazabilidad digital, gestión de riesgos y muestreos aleatorios. Con ello, se pretende reducir tiempos y costos, incentivar la competencia y lograr reconstituir la confianza en un tejido regulatorio e institucional que hoy se ve más formal que sustancial.
Los hallazgos iniciales muestran que los obstáculos a la competitividad no se limitan a un sector específico, sino que atraviesan dimensiones transversales como el sistema tributario, la internacionalización, la creación y cierre de empresas y la calidad regulatoria. A nivel sectorial, se priorizaron áreas estratégicas, cada una con criterios de análisis vinculados tanto al grado de dificultad del desmonte normativo (leyes, decretos, resoluciones) como al impacto económico esperado de las reformas.
Trámites integrados y vigilancia en calidad
Un aspecto clave identificado es la fragmentación de la regulación en torno a trámites y ventanillas únicas. Aunque existen instrumentos como el Decreto 2106 de 2019 (antitrámites) o la Ley 962 de 2005, persisten multiplicidad de plataformas dispersas y poca interoperabilidad entre entidades. Se propone consolidar la Ventanilla Única de Inversión (VUI) de forma wue funcione como un hub integrador real, que permita centralizar trámites de comercio exterior, licencias ambientales, autorizaciones urbanísticas y otros procedimientos sectoriales.
Este cambio requiere ajustes normativos que obliguen a las distintas autoridades a interoperar y armonizar sus tiempos de respuesta, reforzando además el mandato de gobierno digital previsto en el Conpes 3975 de 2019.
En materia de calidad, el estudio plantea transformaciones profundas en las funciones de vigilancia sanitaria. Una de las propuestas centrales es redefinir los mecanismos técnicos y procedimientos para los registros y autorizaciones sanitarias, para lo cual estamos explorando posibles caminos para el INVIMA. En materia de alimentos y bebidas: una transición a licenciar un solo registro por establecimiento y no por producto; y en cuanto a su rol en medicamentos establecer mecanismos ágiles de homologación internacional para ingreso al canal comercial, aceleración de los mecanismos técnicos en el IETS y mayor independencia regulatoria.
La otra propuesta, en estudio, es revisar las competencias del INVIMA y del ICA. El primero concentraría su rol en medicamentos, dispositivos médicos y cosméticos y el segundo asumiría el control de los alimentos en todas sus fases —desde la producción primaria hasta el consumo— bajo el principio de “la granja a la mesa”. Este rediseño implicaría modificar leyes fundacionales como la Ley 100 de 1993, la Ley 9 de 1979 y la Ley 101 de 1993, así como varios decretos que hoy se superponen, a fin de liberar duplicidades y adoptar un modelo de vigilancia ex post basado en trazabilidad digital y gestión de riesgos.
En paralelo, se sugiere la creación de un Consejo Nacional de Inocuidad y Calidad Sanitaria, encargado de armonizar normas y articular la política nacional con estándares internacionales. También se plantea actualizar el Conpes 3446 de 2006 sobre política de calidad, integrando elementos como sostenibilidad, economía circular y certificaciones digitales, aspectos cada vez más relevantes para la competitividad global.
Sistema financiero y tributario
Otro bloque de reformas se orienta al sistema financiero y tributario. Las barreras actuales dificultan la modernización de los pagos digitales y mantienen distorsiones en el tratamiento fiscal. Por ejemplo, la exclusión de los depósitos de bajo monto como medio de pago válido limita la inclusión financiera. Igualmente, persisten diferencias en la retención en la fuente entre pagos electrónicos y en efectivo, lo que desincentiva el uso de medios modernos.
A ello se suma la duplicidad de trámites y reportes que la DIAN solicita a los contribuyentes, pese a contar con la información a través de la nómina electrónica. Las propuestas regulatorias buscan homogeneizar reglas para todos los medios de pago, incluir a fintechs y neobancos en la normativa de recaudo, y simplificar la carga administrativa con plazos razonables y trámites no redundantes.
Internacionalización y desarrollo empresarial
En el frente de comercio exterior, se destaca la urgencia de reformar el Estatuto Aduanero, pasando de un esquema formalista a uno basado en riesgo y control ex post. Se recomienda avanzar hacia la plena interoperabilidad de los sistemas MUISCA y VUCE, eliminar trámites duplicados y facilitar la trazabilidad digital de las operaciones.
También se subraya la necesidad de modernizar el régimen de zonas francas, introduciendo reglas claras que garanticen estabilidad jurídica y reduzcan costos operativos, con mayor coordinación público-privada. Complementariamente, se propone agilizar las devoluciones de IVA en operaciones internacionales, mediante la automatización de procesos a través de la factura electrónica.
El análisis también examina las barreras al desarrollo empresarial. Una de las más críticas es el nuevo esquema tarifario y el proceso de renovación de registro mercantil introducido por el Decreto 045 de 2024, que incrementa los costos para las micro y pequeñas empresas. Se plantea replantear la discusión de la renovación de la matrícula, pensar en la competencia tarifaria de las diferentes cámaras y también en la financiación de algunas de sus funciones. Finalmente, sería ideal consolidar en una sola norma los beneficios dispersos en leyes de emprendimiento, formalización y economía creativa.
Finalmente, el documento proyecta medidas regulatorias futuras orientadas a la mejora normativa y la competitividad. Entre ellas, recrear una Alta Consejería Presidencial para la Competitividad y Proyectos Estratégicos, depurar más de 900 normas vigentes sin reglamentar, aplicar verdaderos análisis de impacto normativo y continuar creando incentivos como el Premio de Mejora Regulatoria de la CAF-DNP.
En conjunto, estas propuestas reflejan la necesidad de un Estado más ágil, coordinado y transparente, capaz de generar confianza en el sector productivo y en la ciudadanía. El reto no es menor: desmontar barreras históricas, reducir costos de transacción y construir un entorno que fomente la inversión, la innovación y la formalización. La propuesta 2630 incluye no solo la depuración inicial sino también la metodología y proceso de mejora para el período presidencial y más allá.
Destacado
Se pretende reducir tiempos y costos, incentivar la competencia y lograr reconstituir la confianza en un tejido regulatorio e institucional que hoy se ve más formal que sustancial.
