Renovar el aseguramiento en salud, mantener la alianza público-privada con mejor regulación del Estado, rescatar la estabilidad financiera y transformar la atención desde la prevención son los cuatro pilares de la ruta que Colombia necesita en salud.
Por Augusto Galán Sarmiento MD. MPA
Director del centro de pensamiento Así Vamos en Salud. Exministro de Salud
Treinta y dos años después de la reforma de 1993, Colombia puede mostrar logros innegables en salud. Se amplió la cobertura hasta alcanzar la universalidad, se redujo el gasto de bolsillo de las familias y mejoraron indicadores esenciales como la mortalidad infantil y materna. Millones de colombianos accedieron a servicios y medicamentos que antes les eran inalcanzables. La clave estuvo en una alianza público-privada singular: recursos públicos solidarios administrados bajo reglas de aseguramiento, con libertad de elección de los ciudadanos y una red mixta de prestación que movilizó capacidades estatales y privadas. Esa alianza, acompañada de instituciones técnicas, permitió que la política de salud se sostuviera en el tiempo, demostrando que cuando se organizan la rectoría del Estado y la eficiencia privada se logran avances duraderos.
No fue un camino libre de tropiezos. Persistieron brechas territoriales significativas, inequidad urbana-rural, desbalance entre la oferta y la demanda y fallas de supervisión. Sin embargo, el saldo neto fue positivo: en tres décadas el país construyó un sistema que evitó a las familias caer en la ruina por enfermar, que acercó especialistas a las regiones y consolidó políticas de medicamentos que bajaron precios y ampliaron el acceso. El sistema se convirtió en un patrimonio común, defendido en muchos aspectos incluso por quienes lo criticaban, porque en su vida diaria veían que funcionaba. Basta recordar las campañas masivas de vacunación que erradicaron enfermedades, el acceso a tratamientos de alto costo que antes solo eran privilegio de unos pocos o la disminución de la pobreza extrema gracias a la protección financiera que brindó el sistema de salud.
Hoy ese capital acumulado se deteriora a gran velocidad. El actual Gobierno nacional, en lugar de fortalecer lo construido, ha optado por desmontarlo sin consensos ni evaluaciones serias. Mediante decretos y medidas improvisadas, restringió la función de aseguramiento, fragmentó las redes y generó incertidumbre en los pagos. Se diluyó la protección financiera individual que garantizaba la UPC, se alteraron los incentivos de atención integral y se restauró un subsidio a la oferta sin reglas claras. El resultado es un sistema más fragmentado, con pacientes atrapados en trámites interminables, hospitales y clínicas con tensiones de caja y un talento humano desmotivado por la inestabilidad. Lo que fue una alianza virtuosa entre lo público y lo privado se convirtió en un terreno de sospecha y desconfianza.
Los efectos ya se sienten: demoras en citas, interrupciones en tratamientos, fallas en suministro de medicamentos, deterioro en los tiempos de atención de urgencias y un clima laboral incierto. La gobernanza oscila entre la intervención tardía y el vacío regulatorio, mientras el debate público se centra más en consignas ideológicas que en resultados tangibles para la gente. Nadie desconoce que el sistema heredó deudas, brechas territoriales y una atención primaria por mejorar, pero el remedio improvisado terminó agravando la enfermedad. El ciudadano común, que antes encontraba en el sistema un camino confuso pero transitable, hoy enfrenta una ruta incierta en la que no sabe quién le autorizará, quién pagará o quién responderá.
El camino para los próximos años
Rectificar es urgente. La primera tarea es estabilizar el flujo de recursos: giros oportunos y transparentes, auditoría concurrente, acuerdos de pago verificables y trazabilidad pública del dinero hasta el prestador. Con estabilidad financiera se recupera la confianza de clínicas, hospitales y talento humano. El país necesita un tablero único de deudas y pagos, visible para todos, que devuelva transparencia y reduzca la incertidumbre. Sin liquidez, cualquier reforma es un castillo en el aire.
El segundo paso es reformar la gestión del aseguramiento. La alianza público-privada debe mantenerse bajo nuevas reglas: gestoras sólidas, con solvencia demostrada, gobierno corporativo exigente, responsabilidades precisas y mecanismos de pago ligados a resultados en salud. La libre elección del usuario debe preservarse, porque es garantía de dignidad, pero acompañada de una regulación más estricta y de redes integradas de servicios que aseguren continuidad. El Estado debe ser regulador fuerte y rector técnico, no administrador improvisado ni juez parcializado. La experiencia internacional demuestra que los sistemas más equitativos son los que combinan financiamiento público con provisión mixta y plural bajo reglas claras.
El tercer tramo es transformar hacia donde más lo necesita la sociedad: fortalecer la Atención Primaria en Salud con equipos multiprofesionales, competencias delimitadas, metas de prevención y manejo de crónicos; formalizar al talento humano con un estatuto laboral digno, formación pertinente y distribución equitativa para las zonas apartadas; consolidar una política farmacéutica integral que combine regulación de precios, evaluación rigurosa de tecnologías y compras transparentes; e impulsar la interoperabilidad de la historia clínica para garantizar continuidad y calidad.
Por último, esta transformación no puede hacerse sin una agenda anticorrupción que cierre las rendijas por donde se pierden los recursos: contratación abierta, analítica de datos y sanciones efectivas.
La salud es demasiado importante para reducirla a una disputa ideológica. Lo que está en juego no es solo la arquitectura del sistema, sino la confianza de los ciudadanos en que, cuando enferman, encontrarán respuesta oportuna y digna. La competitividad y productividad nacionales se hallan ligadas a la salud oportuna para la población. El país necesita preservar lo que funcionó: la combinación de recursos públicos con gestión privada bajo la guía de un Estado regulador y garante. Esa alianza público-privada es un patrimonio nacional que no puede perderse, sino perfeccionarse. Colombia debe apostar a un pacto que ponga por delante a los pacientes y a quienes los atienden, que traduzca los principios de solidaridad, protección financiera y continuidad en metas verificables. Menos consignas, más resultados.
Aún estamos a tiempo. Rectificar no es retroceder, es gobernar con responsabilidad. Renovar el aseguramiento en salud, mantener la alianza público-privada con mejor regulación del Estado, rescatar la estabilidad financiera y transformar la atención desde la prevención son los cuatro pilares de la ruta que Colombia necesita. Si lo hacemos, la salud seguirá siendo motor de progreso y equidad. Si no, la historia cobrará el costo de haber destruido lo que funcionaba sin haber construido nada mejor.
Los logros de tres décadas nos recuerdan que sí era posible. Por eso la tarea de hoy no es inventar desde cero, sino cuidar lo sembrado y cultivarlo mejor. La salud, como bien público y derecho ciudadano, exige responsabilidad, visión de largo plazo y un acuerdo nacional mínimo. Solo así podremos legar a las próximas generaciones un sistema que no dependa de los caprichos de un gobierno de turno, sino de la fortaleza de sus instituciones y de la confianza de la gente.
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Colombia debe apostar a un pacto que ponga por delante a los pacientes y a quienes los atienden, que traduzca los principios de solidaridad, protección financiera y continuidad en metas verificables.
